En ese contexto se inició una investigación penal que se lleva adelante por el robo de caños del Gasoducto NEA. Al respecto, cabe señalar que ayer tarde la fiscalía amplió el objeto de la investigación en contra del ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, el ex secretario de Hacienda de ese municipio, Fredy Céspedes, y el empresario mendocino Diego Alos. En ese planteo, el fiscal fue contundente respecto a las pruebas reunidas en contra de los acusados, entre las cuales destacó la declaración de un imputado colaborador, informes de pericias y otras testimoniales.

La fiscalía, en vista de estas nuevas pruebas presentadas, ratificó la acusación en contra de Prado, Céspedes y Alos por los delitos de robo agravado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado. Asimismo, señaló que aún resta la realización de otras medidas probatorias, razón por la cual solicitó la prisión preventiva de Prado a fin de evitar que el acusado entorpezca las pruebas pendientes. A ello, Villalba sumó el hecho de que existen muchas probabilidades de que, llegado al fin del proceso, Prado reciba una pena de prisión efectiva, siendo ésta otra causal que llevó al juez a disponer la detención de Prado.