Del requerimiento, surgió que el acusado, el 23 de agosto de 2019, en la Guardia del hospital Papa Francisco, actuó en perjuicio del paciente, como consecuencia de su impericia, al omitir su deber de actuar con la urgencia necesaria que el caso ameritaba.

Es que según la investigación, el acusado no tuvo en cuenta los antecedentes clínicos de hipertensión arterial de la paciente, ni solicitó estudios complementarios y/o derivaciones a un servicio de cardiología para un estudio de mayor complejidad, que habrían permitido al profesional interviniente obtener una valoración más adecuada, detallada y completa del caso y advertir que el paciente estaba pronto a sufrir un infarto de miocardio agudo.

Además, el acusado indicó un tratamiento inadecuado para el cuadro que manifestaba el paciente, quien desde un principio, al ingresar al hospital, expresó tener dolor en el pecho y le dio de manera temprana el alta hospitalaria, sin realizar una correcta y completa entrevista clínica, por lo que el imputado omitió el deber de asumir que se trataba de un paciente de riesgo, que requería mayor atención.