El Senado dió sanción definitiva al préstamo para la obra del San Bernardo y la prórroga a la Ley de Emergencia

Locales 11 de septiembre de 2020 Por M.A.H
La extensión de la ley es por seis meses. Amplía la integración del Comité Operativo de Emergencias (COE) y crea un régimen especial de contravenciones mientras dure la pandemia por COVID-19. Además, se pidió intervención de legisladores nacionales por la situación de obras sociales y el PAMI.
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En la sesión remota de la Cámara de Senadores desarrollada en la jornada de ayer, se dió media sanción a un régimen excepcional de contravenciones, modificando el sistema actual de la Policía. "En virtud del Decreto Presidencial 255, el Jefe de policía era quién entendía en cuestiones de contravenciones a las normas sanitarias y con este régimen excepcional, será el Juez de Garantías quien dirigirá el proceso y el Ministerio Público estará representado a través de los fiscales penales, y la policía actuará como auxiliar de justicia", indicó el senador Jorge Soto. 
También se elevan las multas para personas físicas, establecimientos y comercios. "Consideramos que la ciudadanía tiene que estar a la altura de las circunstancias, cuidarse a sí misma y a toda la comunidad”, agregó Soto.

Por otro lado, se dió sanción definitiva al contrato de Fondo Financiero con el FON-PLATA para la obra en el Hospital San Bernardo. "Esto tiene un costo de 28 millones de dólares, de los cuáles 20 millones serán aportados por un crédito y 8 millones por la provincia. El Hospital San Bernardo fue inaugurado en el año 60, atiende no solo a pacientes de capital sino de toda la provincia y países limítrofes, por lo que se hace necesaria la creación de las nuevas estructuras y alas para que los pacientes reciban mejor atención", concluyó el senador por La Viña.

Además, el Senado aprobó dos declaraciones para que Legisladores Nacionales por la Provincia de Salta, arbitren los medios para que se  fiscalice la actuación y prestaciones brindadas por las obras sociales, institutos, prepagas, mutuales, clínicas y hospitales, dando  intervención, en el supuesto que pudiere corresponder, al Ministerio Público Fiscal de la Nación, para permitir su inmediata judicialización y medidas cautelares en este sentido, por la prestación de las obras sociales y del Pami.

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